Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 19 de febrero de 2016 (muralchiapas.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la remoción de tres consejeros miembros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IPEC) por encontrarlos responsables de violaciones graves a la Constitución y apartarse de los preceptos legales obligados a cumplirlos.
Los 3 consejeros removidos son: Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Abarca Velázquez, Margarita López Morales; en tanto que los consejeros María De Lourdes Morales Urbina (Presidenta), Lilly de María Chang Muñoz, Jorge Morales Sánchez y María del Carmen Girón López no fueron removidos porque solo tuvieron 7 votos de los 11, cuando la ley exige mínimo 8 votos de los integrantes del INE para que se les aplique dicha sanción.
A los consejeros del IEPC en Chiapas se les acusó de haber violentado la Constitución General de la República al no haber garantizado la equidad de género en el proceso electoral del pasado 2015 en la entidad chiapaneca.
También se les involucró en las irregularidades registradas en la elección del voto chiapaneco en el extranjero, lo que le costó la diputación a Roberto Pardo quien resultó electo en esa elección llevada a cabo de forma electrónica.
Incurrieron en falta grave al no cuidar y vigilar la organización del voto de los chiapanecos en el extranjero pese a que se registraron movimientos “atípicos” con solicitud de registro en 49 países.
En el marco actual se busca sancionar de forma ejemplar a los consejeros mediante la imposición de la remoción de los consejeros electorales, mediante la máxima sanción mediante el instrumento más idóneo.
Por lo procede a la urgente sustitución de los nuevos consejeros, lanzando la convocatoria para seleccionar a los nuevos integrantes.
El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello destacó que por acción u omisión faltaron a su obligación fundamental de dar certeza al proceso electoral, y dejar impune esos actos pone en riesgo el sistema democrático electoral de la nación.
En representante de Morena, Horacio Duarte calificó como delincuencia electoral organizada que debe ir más allá de la destitución y conminó a los consejeros a ser congruente a defender “los datos personales”. Así también que se abre una nueva etapa en el sistema electoral mexicanos advirtiendo que no se puede ya violar la ley sin tener y sufrir las consecuencias de sus actos.
En su participación la Consejera Pamela San Román sostuvo que deben sancionarse de manera ejemplar este tipo de conductas para que ya no se repitan, porque se cometieron por acción y omisión.
Pablo Gómez representante del PRD, juzgó que no solamente debe hacer el procedimiento administrativo, porque no solamente se violentaron leyes, sino también se violentó lo más esencial, se vulneró la Constitución y por eso debe hacérseles juicio político.
Retomó la situación de donde el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) César Espinosa falsificó las renuncias de sus propios compañeros para acceder a una diputación plurinominal y los propios consejeros la dieron por “buena”, así acusó al Gobierno del Estado de haber hecho la falsificación.
El IEPC carecía de independencia para su labor, sino que se sometieron a los que el gobierno les ordenaba.
El representante del Partido Encuentro Social (PES) propuso ejercer procesos de selección más rigurosos que los empleados en el pasado, que sean personas que no tenga imparcialidad. Reconoció a los consejeros por la determinación.
El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Herrera Martínez puntualizó que se cometieron una serie de irregularidades y deben ser sancionados, sin embargo señaló que el proyecto sancionatorio debió ser individualizado para mayor efectividad.
El consejero Ciro Murayama señaló que no solo es una falta administrativa en la elección del diputado migrante, sino de un fraude electoral que debe ser castigado conforme a la ley, por ser una elección “zapato” y que eso no llamó la atención de los consejeros?.
Estamos ante conductas que debieron ser “extirpadas” desde hace décadas, en este caso ocurrió un fraude porque una autoridad lo permitió, por lo que el INE no puede ser omiso ante fraudes electorales probados y demostrados.
Por su parte el también consejero Arturo Sánchez sostuvo que de acuerdo a los sentenciado por el Tribunal Electoral el IEPC debió observar la ley constantemente, disposiciones legales y constitucionales, lo que no hizo.
Pese a que el propio Tribunal “envió” una señal para corregir las acciones una semana antes de la elección, sin embargo en Chiapas no se observó dicha advertencia, por lo que inició el proceso de remoción, y a 7 meses, se ejecuta dicha remoción.
En ese mismo sentido el Consejero Marco Antonio Baños coincidió con la remoción de los integrantes del OPLE en Chiapas, considerando que se violentaron hasta las Constitución, sin embargo no coincidió en la acumulación de los procedimientos sino hacerse de forma individualizada.
Con ello se fincarían responsabilidades de manera individual sancionando conductas específicas y por ende una sanción adecuada a la acción u omisión, conforme a la exhaustividad tomando condiciones de los propios funcionarios públicos señalados.
Baños se separó de varios puntos, y se pronunció por hacer y delimitar las sanciones adecuadas a la conducta de cada uno de los actores, “en mi opinión no son todos, porque deben ser sancionados de forma diferenciadas”. Pero son hechos que no deben quedar impunes.
El consejero Benito Nacif no consideró grave la situación para que amerite la remoción de los consejeros, aunque reconoció que hubo masivo de identidad para la elección del diputado migrante que derivó en un fraude electoral, por lo que dijo que es importante que la FEPADE llegue a una conclusión en la investigación.
Coincidió con su colega Baños que la sanción debe ser diferenciada, aunque advirtió que los consejeros del IEPC, Carlos Enrique Domínguez y Miroslava Abarca Velázquez deben ser los removidos del cargo.
La Consejera Eugenia Galindo dijo coincidir en la remoción de los consejeros, pero que se aparta de algunas consideraciones, “difiero totalmente en que los consejeros incurrieron en grave negligencia”.
Por lo que señaló que debe tomarse en cuenta lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Procedimiento Electorales, por lo que la sanción debe ser individualizada.
Por su parte el Consejero Enrique Andrade aunque coincidió en los actos de vulnerar disposiciones legales y constitucionales, señaló que la sanción debe ser individualizada, “para mí no todos tienen la misma responsabilidad”.
El consejero Javier Santiago consideró indispensable de hacer un esfuerzo de proceder con la mayor objetividad posible, sobre todo analizar minuciosamente la forma de cómo se elabora la sentencia consagrada en el dictamen.
Coincidió en la individualización de la sanción para cada uno de los consejeros del OPLE Chiapas.
Francisco Gárate García representante del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como grave y delicado la situación por lo que no queda a los consejeros, más que asumir las consecuencias de manera “viril”, porque a los que escogieron como consejeros de Chiapas a lo mejor que llego y no a novatos.
