En un intento para recobrar el control de la región, un nuevo grupo armado ha surgido en el municipio de Pantelhó, Chiapas, que desde julio de 2021 vive bajo control del grupo de autodefensa “El Machete”. Esta vez se trata del autodenominado “Ejército Civil del Pueblo Indígena”, que dice haber nacido para recobrar la paz y la justicia, pero es operado en las entrañas por la misma familia que mantenía el poder político y criminal de la zona.
Las imágenes difundidas desde el pasado fin de semana con hombres armados de rostro cubiertos en calles, el quiosco del municipio y espacios inidentificables se popularizaron rápidamente durante los últimos días. Aseguraron haber recuperado el control de la cabecera municipal, pero no pasó ni una hora para ser desmentidos por fuentes oficiales.
La intención parece ser una clara advertencia de reunificación armada. Y es que, en el fondo se trata de los mismos grupos que en julio de hace dos años fueron desplazados por el levantamiento armado de las autodefensas. En esta ocasión bajo la careta de un supuesto grupo de resistencia indígena contra los “abusos de Los Machetes”, pero dirigidos -según los propios pobladores- por José Herrera Abarca, hermano de Austreberto y tío de Deily, procesados por diversos delitos.
El empoderamiento de Los Herrera comenzó durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía cuando Austreberto Herrera fue nombrado juez municipal, y desde entonces comenzó a forjar un poder desproporcionado sobre el municipio, manteniendo de igual forma los pactos de control durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero.
Así, desde que fue encumbrado como “mandamás” dentro del municipio, Austreberto se encargó de imponer a buena parte de los gobiernos municipales en Pantelhó, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, fue con el inicio del gobierno de Manuel Velasco cuando el poder se salió de toda proporción. Desde ese momento, ahora bajo las siglas del Partido Verde, Los Herrera recibieron financiamiento de los operadores de Velasco para armarse y desplazar por la vía violenta a sus opositores.
Pero el financiamiento de grupos políticos también abrió la puerta a la irrupción y el avance del crimen organizado, ligado al narcotráfico en la zona. Los cacicazgos terminaron mutando a liderazgos de la delincuencia organizada y las complicidades permearon en los gobiernos o autoridades de los tres niveles. “No había nada, presupuesto de obra pública o programa social, que no pasara por la autorización de Herrera Abarca y sus hijos (Los Herrera)”.
Pero las cosas comenzaron a complicarse para “Los Herrera” con la transición dentro de los tres niveles de gobierno en 2018. La llegada del nuevo presidente municipal, Santos López Hernández, y el fin de los pactos que se mantenían hasta finalizar el gobierno de Manuel Velasco Coello iniciaron la persecución judicial de Austreberto Herrera Abarca, hasta que fue detenido el 3 de agosto de 2019 por el presunto homicidio de sus sobrinos Edgar y Carlos en 2015.
No obstante, la violencia tampoco menguó. Tras la detención de Austreberto, sus hijos, Dayli de los Santos y Rubén Estanislao tomaron el control. Iniciaron el hostigamiento del presidente municipal y represalias contra los seguidores del alcalde y los pobladores opositores de 83 comunidades. La violencia se incrementó con nuevas emboscadas y ejecuciones para reafirmar su dominio, al tiempo de movilizar a grupos afines para exigir la liberación de su padre.
El punto de quiebre llegó el 5 de julio de 2021 cuando Simón Pedro Pérez López, líder de la organización Las Abejas de Acteal, fue asesinado a plena luz del día, frente a su hijo, en el municipio vecino de Simojovel. Lo asesinaron solamente nueve días después de que sirviera como canal de comunicación para que habitantes de Pantelhó pudieran entregar una carta de “auxilio” a la Secretaría General del Gobierno en la que denunciaron el creciente acoso del crimen organizado en la zona y solicitaran la urgente intervención de las autoridades.
Así fue como el 10 de ese año se anunció el surgimiento del nuevo grupo de autodefensa “El Machete”. Según el propio grupo paramilitar, fueron los propios pobladores quienes se organizaron para iniciar lo que ellos mismo han denominado como la limpieza y expulsión de los grupos criminales y sus aliados, incluidos la alcaldesa interina en turno y el presidente municipal electo, desatando una insurrección armada que terminó con la desaparición de 21 personas no localizadas hasta la fecha.
Desde entonces, son Los Machetes quienes tienen el control del municipio, mediante un Concejo Municipal dirigido por uno de sus propios integrantes. La resistencia de los viejos caciques se había mantenido restringida a enfrentamientos esporádicos en comunidades; hasta este fin de semana cuando el supuesto Ejército Civil del Pueblo Indígena salió a escena, con una guerra de intimidación mediática y armada que dejó dos muertos el pasado 1 de julio.
Y es que, si bien es falso que hayan tomado el control de la cabecera municipal, el riesgo de nuevos enfrentamientos a mayor escala es ahora más latente. Del origen de las armas, los intereses ocultos y el financiamiento detrás de este nuevo grupo armado sólo hay especulaciones. Sin embargo, lo cierto es que están ahí, a la espera de un espacio de debilidad para comenzar a operar, y al menos intentar recuperar por la fuerza un poco del poder que antes ostentaban sin mayor resistencia… así las cosas.
