Ciudad de México, noviembre del 2025 – El plazo legal para que las empresas cumplan con las nuevas obligaciones derivadas de la reforma al artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya está corriendo desde septiembre, activando un reacomodo urgente en los procesos internos de cumplimiento patronal. 

El cambio exige que los patrones ajusten sus sistemas y procesos administrativos internos para realizar descuentos sobre los salarios de sus trabajadores destinados al pago de abonos que cubran préstamos otorgados por el INFONAVIT, aun cuando estos tengan ausencias o incapacidades anteriormente justificables para suspender el pago.  

Sumado a esta modificación, el alza al salario mínimo podría incrementar los costos laborales entre un 3 % y un 6.5 % para micro y pequeñas empresas, lo que podría traducirse en un golpe considerable a su liquidez. 

Según un promedio del propio Instituto, hasta agosto de 2022 se tenían cerca de 80 mil 584 empresas inscritas que aportan a los préstamos de los trabajadores. Con los cambios en dicha reforma, las empresas pueden enfrentar potenciales contingencias, incluyendo la determinación de créditos fiscales como obligados solidarios y demás incumplimientos fiscales y de seguridad social. 

Dada la complejidad de la reforma, la firma Pérez Correa González, con experiencia en litigio fiscal, recomienda que las empresas implementen la reforma de forma gradual y con el acompañamiento de especialistas que les ayuden a tomar decisiones informadas, minimizar riesgos y adaptarse con claridad a los cambios.