* El caso de la investigación en conservación de la biodiversidad en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 30 de noviembre de 2025.- El personal científico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad (DCB) de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) expresa su profunda preocupación ante el creciente entramado burocrático que obstaculiza la ejecución de recursos destinados a la investigación en Biología de la Conservación y otras áreas estratégicas para el país.
La disposición que centraliza en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autorización administrativa de todas las actividades científicas de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) constituye un mecanismo paralizante e inadecuado para las dinámicas propias del quehacer científico. Esta medida vulnera la autonomía técnica y de gestión de los CPIs, reconocida en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa señalada en el Decreto de Restructuración de Ecosur.
A ello, se suman los recortes presupuestales y cierres anticipados del ejercicio fiscal que han detenido procesos de investigación y vinculación con diversos sectores de la sociedad. Las autorizaciones para actividades esenciales —como la investigación de campo, adquisición de insumos y contratación de servicios— se emiten de forma tardía y en ocasiones se niegan con argumentos administrativos que ignoran la misión institucional, por ejemplo, la limitación para la partida de publicaciones, una tarea sustantiva de la investigación. Esta situación compromete gravemente el desarrollo científico, humanístico y tecnológico del país y anticipa un posible colapso en los próximos años. La centralización de decisiones en la SHCP afecta nuestra capacidad de generar conocimiento para el desarrollo sustentable en el sur de México, Centroamérica y el Caribe.
La ciencia y la conservación de la biodiversidad son pilares del desarrollo nacional. Aportan valor moral al promover principios éticos y justicia social; valor económico al fomentar innovación y uso eficiente de recursos; y valor social al mejorar la calidad de vida, fortalecer la educación y brindar resiliencia ante la actual crisis ambiental.
Dejar de realizar nuestra labor por cuestiones administrativas contraviene el sentido de querer robustecer la ciencia en México. El financiamiento público a la ciencia no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica para garantizar el bienestar, la sostenibilidad y la soberanía tecnológica del país.
Aunque recientemente (6 de noviembre de 2025) se anunció un incremento de aproximadamente 2,500 millones de pesos para el Ramo 38 —Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación—, persiste la incertidumbre sobre su destino. Incluso con mayores recursos, si se mantienen esquemas administrativos rígidos que limitan la autonomía de los CPIs, la investigación científica no podrá cumplir su papel en la formulación y sostenimiento de políticas públicas.
La situación en ECOSUR
Desde 2019, el Departamento de Conservación de la Biodiversidad —y seguramente otros departamentos académicos de Ecosur— ha sufrido una reducción significativa de fondos para operar proyectos de investigación. Esto ha impactado negativamente en la producción académica y de divulgación, la formación del capital humano, la investigación de campo y laboratorio, las actividades de vinculación y el mantenimiento de infraestructura institucional, la cual lleva más de una década en constante deterioro.
Históricamente, los proyectos de investigación en conservación de la biodiversidad se han financiado principalmente mediante convocatorias del extinto CONACYT —hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)— CONABIO y otras fuentes nacionales e internacionales. Son recursos financieros asignados por mérito tras evaluaciones de pares.
Este sistema permitía a las investigadoras e investigadores contribuir activamente a la captación de recursos, fortaleciendo la ciencia en México. No obstante, los lineamientos aplicados al ejercicio de recursos, propios o autogenerados, frecuentemente vulneran la realización de los compromisos adquiridos con las financiadoras. Además, los procesos administrativos para recibir la ministración de recursos ganados en convocatorias de la Secihti son generalmente complejos y prolongados que se imposibilita el cumplimiento oportuno de los objetivos por etapa de los proyectos aprobados.
La falta de recursos y el aumento de trámites administrativos han obligado al personal a:
1. Reducir o incluso renunciar a la búsqueda de fondos adicionales para estudios de conservación.
2. Cubrir gastos con recursos personales, afectando su economía y patrimonio familiar.
Se han utilizado recursos personales para pagar becas, realizar trabajo de campo, adquirir gasolina, contratar jornaleros, cubrir servicios rurales, comprar equipo e incluso se han empleado vehículos personales para cumplir con las funciones sustantivas de investigación, y pago de cuotas de traducción y publicación de artículos. Este subsidio informal, representa una carga insostenible para el personal y para la institución.
Llamado urgente
Por todo lo anterior, personal del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de Ecosur, hace un llamado urgente a las autoridades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para establecer una mesa de trabajo permanente con representantes de los CPIs y de la SHCP, con el objetivo de revisar y modificar las disposiciones administrativas que rigen el uso de recursos financieros, de manera tal que se garantice la autonomía técnica y financiera de los CPIs, y se fortalezcan las condiciones necesarias para generar conocimiento relevante para el país, sin menoscabo de la transparencia y rendición de cuentas que la sociedad merece y que la misma ley establece.
Respetuosamente
Lorena Ruiz Montoya, Alejandro Hernández Sánchez , Alejandro Morón, Alejandro Ortega Argueta, Alfonso A. González Díaz, Antonio Sánchez González, César Raziel Lucio Palacio, Claudia Isabel Rodríguez Flores, Consuelo Lorenzo Monterrubio, Diana Yaneth Sánchez Molina, Yann Henaut, Alejandro A. Aragón Moreno, Pierre Charruau, Elda Miriam Aldasoro Maya, Felipe de Jesús Osuna López, Gabriela Castellanos Morales, Gerald Islebe, Gloria Angela Tapia Ramírez, Griselda Escalona Segura, Guillermo E. Castillo Vela, Isabel Refugia Vázquez Lara, Jesús M. López Vila, Jorge L. León Cortés, José Luis Aguilar López, José Luis Rangel Salazar, Juan Jacinto Martínez Hernández, Manuel Girón Intzin, Manuel Weber, Maria Andrea Sáenz Arroyo de los Cobos, Marysol Trujano, Matteo Cazzanelli, Mirna Valdez Hernández, Neptalí Ramírez Marcial, Noemí Salas Suárez, Nuria Torrescano Valle, Paula L. Enríquez Rocha, Paulina García Bañuelos, Rafael Reyna-Hurtado, Ruth Percino Daniel, Susana Maza Villalobos Méndez, Vera Camacho Valdez.
Para más información, escribir a: Jorge L. León Cortés,
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