Comunidades y organizaciones rechazan imposición de la Presa Milpillas en Zacatecas
Zacatecas, México. 27 de febrero de 2026 (muralchiapas.com).- La defensa del Río Atenco y del territorio en Zacatecas suma más de una década de resistencia comunitaria. Ejidos, habitantes y 79 organizaciones nacionales e internacionales reiteraron su rechazo al proyecto de la Presa Milpillas y denunciaron que el gobierno estatal intenta minimizar una lucha que, aseguran, nació desde las propias asambleas comunitarias.
El pasado 3 de febrero fue enviada una carta a autoridades federales involucradas en el Plan Nacional Hídrico para solicitar la cancelación definitiva del proyecto, contemplado para los municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete. En el documento se respalda la lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, integrado por los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como habitantes de la cabecera municipal.
Las comunidades sostienen que la oposición no es una imposición externa ni responde a intereses ajenos, sino a una decisión colectiva tomada en asambleas ejidales, donde reiteradamente se ha rechazado la construcción de la presa. Subrayan que está en juego su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.
No obstante, el gobierno de Zacatecas declaró que la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) ha sido opositora a diversas presas, sugiriendo que la resistencia obedece principalmente a esta organización. Para los defensores del territorio, esta postura busca deslegitimar el amplio respaldo social y reducir una lucha comunitaria de más de diez años a la influencia de terceros.
De acuerdo con los opositores, el proyecto presenta inconsistencias relevantes: señalamientos sobre omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental, falta de evidencia pública sobre su viabilidad técnica y financiera a largo plazo, y dudas sobre si realmente garantizará el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca, ya que priorizaría el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.
Además, denunciaron que lo que autoridades han denominado “socialización del proyecto” ha derivado en hostigamiento, estigmatización pública, intentos de división comunitaria y presiones políticas contra personas defensoras del territorio. Alertan que esta narrativa incrementa el riesgo para quienes ejercen su derecho a la libre determinación y a la defensa de los derechos humanos.
Desde la REMA se reconoció la “valiente y digna lucha” del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, y se afirmó que la discusión de fondo no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder una pregunta fundamental: si el proyecto es tan benéfico como se afirma, ¿por qué las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?
Para las y los habitantes del territorio, la respuesta no está fuera, sino en el propio río y en la decisión colectiva de quienes lo han cuidado históricamente.
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