Transparencia Mexicana plantea una Ley General de Contratación Pública como parte de una eventual reforma anticorrupción

A unos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana planteó la necesidad de impulsar una Ley General de Contratación Pública que establezca reglas comunes para las compras y contrataciones de los gobiernos federal y estatales en México.

La organización identificó más de 120 formas distintas de contratación pública en el país, una diversidad normativa que dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, creando barreras para que nuevos actores económicos históricamente relegados compitan por contratos gubernamentales.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, adquisiciones y obra pública superan dos billones de pesos anuales. Este volumen representa no solo un riesgo relevante desde la perspectiva anticorrupción, sino también una oportunidad para desarrollar nuevas cadenas productivas, ampliar la competencia e incorporar a más empresas al mercado de compras públicas.

Transparencia Mexicana informó que trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación y energía y transporte.

La herramienta permitirá comparar cómo se contrata un mismo bien o servicio entre el gobierno federal y las entidades federativas, y contribuirá a identificar diferencias de precios y patrones de contratación que puedan ser relevantes para la prevención y detección de riesgos de corrupción.

La organización ciudadana compartió que en las próximas semanas presentará los detalles de la propuesta y buscará establecer un diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo para impulsar una discusión nacional sobre una Ley General de Contratación Pública.

 

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